La semana pasada la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV) emitió un comunicado que hacía referencia al borrador de la orden de la Conselleria de Agricultura, por la que se establecen ayudas al traslado de granjas por motivos de interés público. En el mismo indicábamos que la orden

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 incluye unos requisitos que hacen inviable la operación de cambio de asentamiento de las explotaciones ganaderas que se encuentran en la periferia de las poblaciones hacia zonas más alejadas.

El problema de esta orden radica en la exigencia de que las explotaciones tengan una dimensión de 0,80 Unidades de Trabajo Agrario (UTA) como mínimo, pues por debajo se consideran inviables económicamente. En número de cabezas, 0,80 UTA son 200 para el bovino de carne, 144 en caso de tratarse de madres de ovino-caprino de carne leche, 800 cabezas de ovino caprino de cebo, 32.000 pollos de integración, o 1.600 cabezas de porcino. Creemos que, por debajo de estos límites, una granja también puede ser rentable y que esta condición impuesta deja fuera de la cobertura de las subvenciones por traslado a prácticamente a más del 80% de las explotaciones ganaderas valencianas.

La UPA siempre ha defendido la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas, nuestro trabajo se centra en impulsar programas y políticas encaminadas al crecimiento económico, la igualdad de oportunidades y el equilibrio medioambiental en la zona rural, buscando nuevos modelos de desarrollo que permitan, mediante el aprovechamiento racionalizado de nuestros recursos, la mejora progresiva de las condiciones de vida de los agricultores y ganaderos de la Comunidad. Pero no podemos cerrar los ojos ante realidad: proteger sólo a las explotaciones ganaderas muy grandes es desconocer el sector en la Comunidad Valenciana.

Si bien UPA-PV reconoce que los cascos urbanos han crecido de forma importante, llevando a algunas granjas a una situación en la que resulta difícil continuar el ejercicio de la producción, no está de acuerdo con los requisitos, especialmente el de la dimensión, ni tampoco con el soporte económico de la convocatoria de ayudas, que queda supeditado a la existencia de fondos disponibles.

Por otra parte, la imposibilidad de acceder a estas ayudas, dificultará la reubicación de granjas y dejará a las corporaciones locales en graves dificultades, pues continuarán con los asentamientos de las explotaciones ganaderas y los usuarios carecerán de la financiación necesaria para trasladar las instalaciones dedicadas al alojamiento y albergue de los animales a otros lugares. Las corporaciones tendrán un doble frente: instalaciones que, más pronto o más tarde, deben desmantelarse por estar ubicadas en zonas no autorizadas; y unos productores con dificultades financieras para hacerlo.

El análisis meramente estadístico de las explotaciones ganaderas de la Comunidad Valenciana nos proporciona medias muy por debajo de las 0,80 UTA. Además, en este momento, sólo se puede considerar como explotación profesional el 35,67% de las existentes, al tratarse muchas de estas explotaciones de instalaciones complementarias de otras actividades agropecuarias. Con datos estadísticos de 2004, podemos señalar que hay 9.153 explotaciones con un censo de 23.244.436 cabezas, incluidas todas las orientaciones ganaderas, inclusive cunicultura y avicultura, que dan un tamaño medio de 2.539 cabezas.

UPA-PV considera que publicar órdenes a las que prácticamente nadie se pueda acoger, o que la participación sea muy baja, es asistir, una vez más, a una política de intenciones que no llegará a conseguir los efectos benéficos que se pretenden en el preámbulo de la orden, con el que nadie puede estar en desacuerdo y que, sin embargo, puede producir, a la larga, un nueva carga que acelerará el progresivo desmantelamiento y un claro retroceso en el sector agroalimentario que se nutre de él.

Considero que en un momento crucial, con graves problemas coyunturales y estructurales, en el que la renta de los productores agropecuarios desciende en la Comunidad, se deberían desarrollar políticas de reestructuración del sector para alcanzar mayor competitividad, en lugar de impedir, mediante órdenes con condiciones excesivamente restrictivas, la evolución necesaria.

En conclusión, nos encontramos con una orden que no resuelve los verdaderos problemas del traslado de las granjas, que no tiene en cuenta a los agricultores que compaginan distintas actividades agropecuarias y que, lejos de resolver sus problemas, los aplaza en el tiempo.