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Los empresarios del sector, que están unidos desde hace unos años en una
federación de asociaciones de defensa sanitaria que tiene su sede en el
municipio de Dolores, han echado el cierre a 47 granjas (la mayoría de
terneros situadas en la comarca de la Vega Baja) en el último año. Pero
aventuran que el proceso de cierre total «es inevitable, cada día que pasa»,
explica Julián Huertas, máximo representante del sector.
El sector ganadero alicantino pierde activos sin solución de continuidad.
Según los datos facilitados por Unió de Llauradors-Coag, en el último año
2007 se han cerrado en la provincia (preferentemente en el campo de Elche y
en la Vega Baja) un total de 47 granjas. La mayoría de las clausuras,
causadas por la crisis de precios en origen y por la carestía del pienso
compuesto, se han ejecutado en el sector vacuno de reproducción y cebo, según
explica Manuel Pérez, responsable de la sección ganadera de Unió de
Llauradors-Coag.
En
la cabaña vacuna se han producido 39 bajas en sólo doce meses y los otros
8 cierres se han registrado en la cabaña avícola, cunícola, porcina y
ovina-caprina. Además, el dato oficial de Coag, basado en la contratación
del seguro obligatorio de recogida de cadáveres de animales, pone de
manifiesto que no quedan más de 588 granjas ganaderas censadas en la
provincia, frente a las 635 que había a finales del año 2006.
La evolución del sector en el último lustro todavía ofrece datos mucho más
alarmantes para un modo de vida del que dependían cientos si no miles de
familias alicantinas, pese a que el peso de la ganadería es muy inferior al
de la agricultura.
Según la estadística oficial de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación que maneja Unió de Llauradors-Coag, la provincia contaba a
principios del año 2004 con 1.086 granjas de todo tipo de animales, para
reproducción, cría y cebo. A finales del año 2007, la cifra se había
reducido en 498, lo que supone un descenso a la mitad, del 455,8%.
Los empresarios del sector, por boca de su presidente, Julián Huertas,
ganadero de ovino-caprino para carne y para leche, tienen claro su diagnóstico
de lo que ocurre: «Lo estamos pasando mal, pero que muy mal, debido al
aumento acelerado de los forrajes y cereales, lo que nos hace producir por
debajo de los costes mínimos de explotación».
Además, los precios siguen hundidos en origen, debido, según la teoría
del sector y de la propia Unió de Llauradors, a la intervención excesiva y
abusiva de los canales de intermediación en la distribución. Así, el
cordero de 25 kilogramos vivo (peso estándar de venta) se paga a 40 euros,
lo que significa 3 euros por kilogramo, la cuarta parte que en la tienda,
como mínimo. Igual ocurre con el cabrito, que se paga en origen a sólo
6,755 euros el kilo. «Yo llevo 23 años en el oficio y hace quince años
vendía la carne más cara que ahora, mientras que el pienso ha pasado en
los dos últimos años de 22 pesetas a 55 pesetas el kilo de ahora»,
subraya Julián Huertas.
De la enorme distancia de precios existentes entre la granja y la tienda
pone como ejemplo el precio del cordero, que se dispara hasta un 500%. Es el
producto en el que más se especula por parte de los intermediarios, según
la federación de ganaderos.
A la hora de buscar culpables de la coyuntura adversa, los empresarios
alicantinos no sólo usan el argumento de los piensos y la acción de la
cadena de distribución. Abundan en este último eslabón de la cadena al
asegurar que en los últimos meses se ha detectado una «importación masiva»
de animales, no vivos sino envasados, procedentes de los antiguos países de
la Europa del Este. Huertas cita a Bulgaria y Rumanía.«Encima se les
subvenciona y rompen el mercado, porque las Administraciones no aplican un
estricto control sobre lo que hacen las grandes empresas de distribución»,
critica. Los ganaderos, fundamentalmente los de ovino, tienen que sacar los
animales con menos peso por la carestía de los piensos. «Es una forma de
salir al paso, pero las grandes superficies comerciales controlan las
granjas de cebo y fijan el precio que ellos quieren».